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Historia de Salo

Salo tiene 27 años y se comunicó con nuestra línea de acompañamiento cuando tenía 6 semanas y 5 días de gestación.  Salo no quería realizar una denuncia porque su agresor es un militar en servicio activo y no quería iniciar ningún trámite que le implicara alguna relación con el agresor o que esto le recordara la violación. Decidió realizar una declaración juramentada, sin embargo no le permitieron realizar este trámite sin tener una denuncia penal que “comprobara” que la violencia sexual existió. Además, la notaria que la atendió, expresó que estaba fuera de sus funciones realizar dicho trámite, pues ella no podía certificar que la violación ocurrió si Salo no tenía pruebas. Debido a esta negativa, sumada a la imposibilidad de movilización y acceso a las notarías, por el contexto político que atravesaba el país en esos momentos (Paro Nacional de junio de 2022), Salo decidió hacer una denuncia penal en línea, para lo cual tuvo que buscar el nombre del agresor para llenar el formulario de denuncia en línea, lo cual fue revictimizante para ella. Pero esas no fueron las únicas barreras que Salo tuvo que enfrentar, luego de que le aceptaron la solicitud de acceso a la IVE por violación en el sistema de salud, el día que llegó al hospital no estaba el doctor que había acordado recibirla, por lo que la tuvieron deambulando de un lado a otro hasta que la ingresaron. Una vez internada, un grupo de 3 personas (que Salo no pudo identificar si eran personal de salud o no), le dijeron que al realizarse un aborto con medicamentos, era muy probable que tuviera una hemorragia incontenible, lo que generaría que tuvieran que sacarle el útero, por lo que: o perdería su capacidad reproductiva o moriría desangrada en el proceso. Esta información asustó mucho a Salo, por lo que decidió desistir del proceso. Mientras se comunicaba con nuestra responsable de atención de la línea LIBRE, para darle toda esta información por teléfono, le obligaron a colgar la llamada porque supuestamente estaba prohibido. Finalmente Salo se fue sin poder acceder a la IVE por violación en el hospital y con información errada que maximizaba los riesgos. Salo desistió de realizarse el procedimiento debido a la desinformación que le brindaron. 

En el caso de Salo se identificaron barreras relacionadas con un marco legal restrictivo que se manifiestan con dificultades para interponer una denuncia y dificultades con la declaración juramentada; y, barreras relacionadas con el incumplimiento de obligaciones legales del sistema de salud, que se manifiestan con la desinformación sobre el procedimiento médico.