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Historia de Marta

Marta tiene 37 años y tenía 10 semanas de gestación cuando llegó a nuestros servicios legales. Al conocer el embarazo, de forma inmediata solicitó verbalmente el acceso al aborto a una psicóloga del MSP, quien la remitió a un Centro de Salud donde le pidieron que primero realizara la denuncia penal. Intentó realizar una denuncia pero en Fiscalía no aceptaron su denuncia y le dijeron “»seguro es mentira, usted se ha de haber ido de fiesta y luego cuando se dio cuenta del embarazo vienen a querer fingir y denunciar como que hubiera sido sin querer», «así son (las mujeres), esperan a estar preñadas para venir a denunciar», «seguramente nos está mintiendo, nosotros cómo podemos tomar su denuncia si es que usted no tiene pruebas (de la violación) y viene meses más tarde». Fue remitida a nuestros servicios de acompañamiento legal por la psicóloga del MSP que la atendió y luego de nuestra asesoría, realizó una denuncia virtual para adjuntar a su solicitud de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación. La solicitud fue aceptada inmediatamente y se inició el procedimiento el mismo día. Sin embargo, no la ingresaron al Centro de Salud sino que le pidieron regresar cada 3 horas para administrarle la siguiente dosis.

En el caso de Marta se identificaron barreras relacionadas con un marco legal restrictivo, que se manifiestan con las dificultades para interponer una denuncia debido a procesos de revictimización en FGE; y, barreras relacionadas con el incumplimiento de obligaciones legales del sistema de salud relacionadas con técnicas inadecuadas para la IVE, como el pedir a la paciente que acuda cada tres horas para administrarle el medicamento.